La Infanta Cristina: ¿Fraude fiscal?

Escrito por

El juez Castro ha decidido investigar a la Infanta Cristina para determinar si cometió delito fiscal. Francisco Camps y Rita Barberá podrían ser imputados en breve dentro del marco del caso Nóos.

El juez que lleva el caso Nóos, José Castro, ha decidido investigar a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal. Castro ha incorporado las últimas diez declaraciones de la renta de la infanta en el sumario del caso y ha solicitado a la Agencia Tributaria nuevos datos, que permitan determinar si la hija del Rey cometió fraude fiscal como propietaria del 50% de la empresa Aizoon. El auto, dictado este viernes, recalca que, según el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, tanto Iñaki Urdangarin como la Infanta se habrían beneficiado de los ingresos procedentes del Instituto Nóos, así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de Aizoon, de la que ambos eran propietarios. Así, este dinero se habría destinado a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.

Este auto también señala que aunque la infanta pudiera desconocer el origen ilícito de este dinero, resulta "más dudoso que no supiera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública", ya que el Instituto no pagaba el impuesto de sociedades por estar inscrito como sociedad sin ánimo de lucro. Después de que la Audiencia Provincial de Palma decidiera no imputar a la Infanta Cristina por el caso Nóos el pasado 7 de mayo, la Duquesa de Palma vuelve a estar de nuevo en el punto de mira. En aquel auto, no obstante, se dejó la puerta abierta a una posible investigación para determinar si la Infanta Cristina había cometido algún tipo de delito fiscal. Además de esta investigación, el juez Castro prepara la imputación del expresidente valenciano Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia Rita Barberá por los contratos firmados entre el Gobierno valenciano y el Instituto Nóos. Castro ha solicitado a las Cortes Valencianas que certifiquen la condición de diputados de ambos políticos, abriendo la vía para una posible inculpación.