La Infanta Cristina, imputada

Escrito por

El juez Castro ha imputado a la infanta Cristina en el caso Nóos. La hija del Rey deberá comparecer el próximo 27 de abril en Palma.

La hija del Rey comparecerá el próximo 27 de abril en los juzgados de Palma de Mallorca, como copropietaria de Aizóon y directiva de Nóos imputada en el caso Nóos. Así lo ha requerido el juez José Castro tras la acumulación de indicios que indicarían que la Infanta Cristina era consciente de la irregularidad de los movimientos del Instituto Nóos. El instructor justifica, a lo largo de 19 folios los principales motivos que le han llevado a tomar tal decisión, defendiendo que existen sospechas fundadas de que la duquesa de Palma estaba al tanto de los negocios de su marido, Iñaki Urdangarín. No solo se ha tenido en cuenta el conjunto de indicios aportados por los correos de Torres, ex socio de su marido, sino que también se ha valorado el hecho de que sea la única de los cinco miembros de la Junta Directiva de Nóos que no está imputada. Además, razona Castro, la Infanta Cristina fue la copropietaria de la inmobiliaria Aizoon, supuestamente utilizada por Urdangarín para el desvío de cerca de un millón de euros a su cuenta personal. El juez estima que existen irregularidades como la aprobación de la Infanta de dichas cuentas anuales, o la realización de giros de facturas contra la mercantil por valor de 600 o 700 euros semanales, que respaldan esta imputación. El auto de Castro sugiere que la hija del Rey recibió en una cuenta a su nombre 12.671 euros cuya procedencia se halla ligada a Nóos Consultoría.

Con la finalidad de demostrar que la Infanta Cristina tenía conocimiento de la trama en la que el duque de Palma se halla inmerso, Torres lleva cerca de un año entregando al magistrado correos electrónicos. Entre los documentos facilitados al juzgado figura un e-mail fechado el jueves, 20 de febrero de 2003, momento en que el proyecto empresarial comenzaba a despegar. En el mismo, Iñaki Urdangarín se dirige a su esposa en los siguientes términos : “Aprovecho que estás conectada para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime que piensas please…Ciao”.

En Fiscalía Anticorrupción, aseguran que en que un año y medio de interrogatorios, no se han aportado "indicios sólidos" para probar que la duquesa de Palma tomó "decisiones pro activas" para ayudar a Iñaki Urdangarin en la realización del delito del que se le acusa. No niegan, en cambio, que los últimos correos electrónicos aportados por el ex-socio de Urdangarín evidencian que "en algún momento" pudo estar al tanto de los movimientos de su marido. No obstante, reiteran que este hecho no respalda en ningún caso que este conocimiento, o el hecho de que la Infanta Cristina fuera beneficiaria del dinero ilícito en cuestión, sean motivos suficientes para basar la acusación. Las dudas de la Fiscalía sobre su decisión no han hecho temblar el pulso al juez Castro, que ya demostró no tener problemas en imputar a un alto cargo de la Casa Real llamando a declarar a Carlos García Revenga (secretario de las infantas) sin el requerimiento del fiscal. Además, Castro puso en marcha una investigación en Hacienda con la finalidad de despejar la la duda de si la Infanta Cristina pudo haberse acogido a la amnistía fiscal. Para dicha orden, tampoco contó con el respaldo del Ministerio Público. Un portavoz de la Casa del Rey ha declarado al respecto de esta imputación : "No comentamos decisiones judiciales", indica El País.

Nóos era un instituto sin ánimo de lucro creado en 1999, aunque no comenzó a tener actividad hasta 2003, momento en que quedó constancia de correos electrónicos como el arriba citado. Ese mismo año, Urdangarin fue nombrado presidente de la entidad, y según la investigación judicial, la irregularidad del instituto Nóos se disfrazó bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro, logrando contratos millonarios de Gobiernos como el de Baleares y la Comunidad Valenciana. Dichas negociaciones fueron fruto de una adjudicación a dedo, y no existía control alguno sobre los gastos de la entidad. Se consiguieron cerca de seis millones de euros gracias a los contratos con administraciones públicas gestionados entre 2004 y 2006. Gran parte de esta suma fue a parar a las cuentas de las empresas privadas con ánimo de lucro propiedad de Diego Torres e Iñaki Urdangarín, enfrentados desde que la trama vio la luz.